Publicado: 12/05/2026 14:20

Reparto de Utilidades 2026 en México: Fecha límite para recibir el pago y qué hacer si tu empresa no cumple

Reparto de Utilidades 2026 en México: Fecha límite para recibir el pago y qué hacer si tu empresa no cumple

El mes de mayo representa una de las fechas más esperadas para la fuerza laboral en México. Conforme lo establece la Ley Federal del Trabajo (LFT), el Reparto de Utilidades, formalmente conocido como Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), es un derecho constitucional que permite a los empleados recibir una parte de las ganancias obtenidas por su patrón o empresa durante el año fiscal anterior. Al encontrarnos a mediados de mayo de 2026, el plazo para que las empresas constituidas como personas morales cumplan con esta obligación está por expirar, lo que genera dudas sobre los montos, los beneficiarios y los mecanismos de defensa legal en caso de irregularidades.

Calendario oficial y fechas límite para el depósito del PTU

El calendario para el pago de utilidades está determinado por el tipo de empleador. Para este ciclo 2026, que corresponde a las ganancias generadas en el ejercicio fiscal 2025, las fechas clave son las siguientes:

  • Personas Morales (Empresas): La obligación debe cumplirse a más tardar el 30 de mayo de 2026.
  • Personas Físicas (Patrones con actividad empresarial): El periodo de pago se extiende desde el 1 de mayo hasta el 29 de junio de 2026.

Es importante recordar que el derecho al reparto de utilidades se activa 60 días después de que la empresa o el patrón presenta su declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Dado que las empresas presentan su declaración en marzo, el periodo de pago inicia formalmente en abril y concluye en mayo. Mientras muchos trabajadores planean utilizar este ingreso extra para aprovechar las ofertas del Hot Sale 2026 en México, es vital asegurar que el monto recibido sea el correcto y se entregue dentro de los tiempos legales.

Requisitos para ser beneficiario del reparto de utilidades

No todos los trabajadores son elegibles para recibir esta prestación. La ley establece criterios específicos para determinar quién tiene derecho a participar en las ganancias de la empresa. Los requisitos principales incluyen:

Trabajadores con derecho

Tienen derecho a recibir utilidades todos los trabajadores y extrabajadores de planta o eventuales que hayan laborado al menos 60 días durante el año fiscal 2025. Esto incluye a quienes se encuentran bajo esquemas de contratación directa. Incluso si el trabajador ya no labora en la empresa en mayo de 2026, si cumplió con el mínimo de días trabajados el año anterior, tiene derecho a reclamar su parte proporcional.

Personal excluido de la prestación

Existen excepciones claras en la normativa laboral. No participan en el reparto de utilidades los directores, administradores y gerentes generales de las empresas. Tampoco son beneficiarios los socios o accionistas, ni los trabajadores domésticos. Asimismo, los prestadores de servicios profesionales contratados por honorarios (que no mantienen una relación de subordinación laboral) quedan fuera de este esquema.

Cómo se calcula el monto que debes recibir

El cálculo del PTU es un proceso transparente que debe ser verificado por una comisión mixta integrada por representantes de la empresa y de los trabajadores. El monto total a repartir corresponde al 10% de la utilidad fiscal neta de la empresa. Esta cantidad se divide en dos partes iguales:

  1. Por días trabajados: El 50% de la utilidad se reparte entre todos los trabajadores según el número de días laborados por cada uno en el año, independientemente del nivel de ingresos.
  2. Por nivel de sueldo: El otro 50% se distribuye en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo prestado durante el año.

Desde la reforma laboral de 2021, existe un tope máximo para el reparto de utilidades. El monto que recibe un trabajador tiene como límite máximo tres meses de su salario actual o el promedio de las utilidades recibidas en los últimos tres años, aplicándose siempre la cantidad que resulte más favorable para el empleado.

Empresas que no están obligadas a repartir utilidades

Existen situaciones particulares donde una empresa puede estar exenta de realizar este pago de manera legal. Según la Ley Federal del Trabajo, las entidades que no tienen la obligación de repartir utilidades son:

  • Empresas de nueva creación durante su primer año de funcionamiento.
  • Empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo durante los dos primeros años.
  • Empresas de la industria extractiva de nueva creación durante el periodo de exploración.
  • Instituciones de asistencia privada sin fines de lucro.
  • El IMSS y otras instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia.
  • Empresas cuyo capital y utilidades sean menores al monto fijado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Procedimiento legal ante el incumplimiento patronal

Si llega el 31 de mayo de 2026 y una empresa (persona moral) no ha realizado el depósito de las utilidades, o si el trabajador considera que el monto es incorrecto, existen vías legales para actuar. El trabajador tiene un plazo de un año, a partir del día siguiente a la fecha límite, para reclamar el pago de sus utilidades.

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) es la instancia encargada de brindar asesoría gratuita y representación legal a los trabajadores. Ante un incumplimiento, se recomienda acudir a las oficinas de la PROFEDET o contactar a través de sus canales digitales para iniciar un proceso de mediación. Las empresas que no cumplan con esta prestación pueden enfrentar multas significativas que van desde las 250 hasta las 5,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Es fundamental que los empleados soliciten a su patrón una copia de la declaración anual, ya que es un derecho de los trabajadores revisar dicho documento para verificar si hubo utilidades y cómo se determinó el monto a repartir. La transparencia en este proceso es clave para mantener una relación laboral sana y asegurar el cumplimiento de los derechos económicos en México.

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