El periodo para el cumplimiento de una de las prestaciones laborales más esperadas en México ha comenzado. El Reparto de Utilidades, formalmente conocido como Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), representa un derecho constitucional que permite a los empleados recibir una parte de las ganancias generadas por su empleador durante el ejercicio fiscal anterior. Con el cierre de la Declaración Anual SAT 2026, las empresas y patrones ya cuentan con los montos definidos que deberán distribuir entre su fuerza laboral antes de que venzan los plazos legales establecidos por la Ley Federal del Trabajo.
Calendario oficial y fechas límite para el pago de utilidades
La legislación mexicana estipula plazos diferenciados dependiendo de la naturaleza jurídica del empleador. Es fundamental que los trabajadores identifiquen si laboran para una persona moral (empresa) o una persona física (patrón con actividad empresarial), ya que esto determina la fecha máxima para recibir el depósito. Para este ciclo 2026, el calendario se mantiene bajo los lineamientos tradicionales: las empresas tienen la obligación de realizar el pago a más tardar el 30 de mayo, mientras que para los patrones que tributan como personas físicas, el plazo se extiende hasta el 29 de junio.
Este derecho se activa sesenta días después de la fecha en que se debió presentar la declaración anual de impuestos. Dado que las personas morales presentaron su declaración en marzo, su periodo de reparto comprende los meses de abril y mayo. Por otro lado, las personas físicas, cuya declaración vence en abril, deben cumplir con esta obligación durante mayo y junio. El incumplimiento de estas fechas puede derivar en sanciones económicas considerables para los empleadores, además de la obligación de pagar intereses moratorios en favor del trabajador.
Requisitos para ser beneficiario del reparto de utilidades
No todos los empleados son elegibles para recibir esta prestación, por lo que es necesario revisar las condiciones contractuales y el tiempo de servicio. El requisito principal es haber laborado por lo menos 60 días durante el año fiscal 2025, ya sea de forma continua o discontinua. Este derecho aplica tanto para trabajadores de planta como para aquellos eventuales, siempre que cumplan con el periodo mínimo de estancia en la organización.
Es importante destacar que los ex-trabajadores que laboraron durante el ejercicio fiscal anterior también tienen derecho a reclamar su parte proporcional, siempre que hayan cumplido con los 60 días de servicio. En contraste, quedan excluidos del beneficio los directores, administradores, gerentes generales, socios y accionistas de las empresas. Asimismo, los trabajadores domésticos y los prestadores de servicios profesionales por honorarios no participan en el reparto, ya que no existe una relación laboral subordinada bajo los términos que exige la PTU.
Cálculo del monto: ¿Cuánto dinero te corresponde recibir?
El monto total a repartir se divide en dos partes iguales que se distribuyen bajo criterios distintos para garantizar la equidad. La primera mitad se reparte proporcionalmente entre todos los trabajadores, considerando exclusivamente el número de días trabajados por cada uno en el año, independientemente del nivel de sus ingresos. La segunda mitad se distribuye en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo prestado durante el año.
Para este cálculo, se considera como salario la cantidad que perciba el trabajador en efectivo por cuota diaria. No se incluyen gratificaciones, percepciones extraordinarias o bonos de productividad. En el contexto de la Reforma a la Jornada Laboral en México 2026, es vital recordar que los topes máximos establecidos en reformas previas siguen vigentes: el monto del reparto tiene un límite máximo de tres meses del salario del trabajador o el promedio de las utilidades recibidas en los últimos tres años, aplicándose siempre lo que resulte más favorable para el empleado.
Empresas que están exentas de realizar el pago
Existen excepciones legales que eximen a ciertas organizaciones de la obligación de repartir utilidades. Las empresas de nueva creación están exentas durante su primer año de funcionamiento. Si además se dedican a la elaboración de un producto nuevo, la exención se extiende a dos años. Las instituciones de asistencia privada que ejecuten actos con fines humanitarios y sin propósitos de lucro, así como el IMSS y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia, tampoco están obligadas al reparto.
Asimismo, las empresas que tengan un capital menor al que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por ramas de industria no tienen la obligación de distribuir utilidades. Es responsabilidad de la comisión mixta de cada empresa revisar la carátula de la declaración anual para verificar si efectivamente hubo ganancias gravables. Si la empresa reportó pérdidas ante el SAT, no habrá base para el reparto de utilidades en ese periodo.
Acciones legales ante la falta de pago o montos incorrectos
Si llega la fecha límite y el trabajador no ha recibido el pago, o considera que el monto asignado no corresponde a lo estipulado por la ley, existen mecanismos de defensa. La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) es la instancia encargada de brindar asesoría gratuita y representación legal en estos casos. Los trabajadores tienen un plazo de un año, contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación se hace exigible, para reclamar el pago de sus utilidades.
El primer paso recomendado es acudir a la Comisión Mixta de Participación de Utilidades de la empresa para solicitar una aclaración. Si no se obtiene una respuesta satisfactoria, se puede interponer una queja ante la Inspección del Trabajo. Las multas para las empresas que omiten este pago pueden oscilar entre las 250 y las 5000 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que representa una presión financiera importante para asegurar el cumplimiento de los derechos laborales en México durante este 2026.
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